Ghana carga contra la Argentina

El jueves pasado, un juez de Ghana ratificó una orden de la corte para incautar la legendaria nave insignia de tres mástiles de la Armada Argentina, en el marco del litigio de una deuda que mantiene el país latinoamericano con un acreedor comercial. Aunque el dictamen del juez Richard Adjei Frimpong sólo tiene alcances sobre este caso en particular, tiene importantes implicancias para Ghana y para los países en desarrollo en general, así como en sus relaciones con el sistema financiero internacional.

Desde el momento en que las autoridades del país africano retuvieron al ARA Libertad basándose en la orden de un tribunal local, gran parte de la discusión siguió el ejemplo de la enojada respuesta del canciller en Buenos Aires, quien denunció el acto como propio de los “fondos buitre” y de los “especuladores” que “han cruzado el límite de la extorsión”. Una insinuación poco diplomática de que Ghana es un país ingenuo, por no decir un títere de aquellos malignos depredadores. Pero existe una explicación más probable y simple: al pedirles cuentas a los argentinos de la forma espectacular en que lo hicieron, los funcionarios ghaneses sabían lo que estaban haciendo, y al hallar responsable a un moroso internacional, actuaron por su propio interés y el de otros países en desarrollo.

Cuando Ghana se independizó, en 1957, el flamante Estado recibió como legado de la administración colonial británica un tesoro rebosante de casi 500 millones de dólares en reservas internacionales. La mayor parte de ese dinero se esfumó de inmediato debido a una administración incompetente y al fetiche del estatismo económico, mientras que una sucesión de golpes de estado hizo retroceder al país todavía más. Hacia 1990, el país ocupaba el trigésimo lugar -empezando desde abajo- de la primera edición del Índice de Desarrollo Humano del Departamento para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Los ghaneses advirtieron que era necesario dar un vuelco drástico al rumbo del país y en 1992 restablecieron el orden constitucional y la democracia multipartidista.

En los últimos años, Ghana se ha convertido en una especie de modelo. Una política macroeconómica sensata, combinada con el alto precio del oro y el cacao, ha resultado en una tasa de crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas, reduciendo la proporción de la población que vive en la pobreza de un 52% a menos de la mitad en ese mismo lapso. Y si encamina la producción de sus hasta ahora inexplotadas reservas de petróleo offshore, es muy probable que este país de África Occidental ascienda en el ranking de países de medianos ingresos, una expectativa de lo más razonable si se toma en cuenta que durante el último año Ghana fue el cuarto país que creció a mayor velocidad, con un índice de crecimiento real del 13,6% del PBI.

A lo largo del camino, el país aprendió varias lecciones sobre la importancia de las libertades políticas. Según Freedom House, Ghana también puede enorgullecerse de ser el segundo país de África con mayores libertades, sólo detrás de la diminuta república insular de Cabo Verde, y por una mínima diferencia. Y lo que tal vez sea más importante es el nuevo énfasis puesto en el imperio de la ley y la honestidad tributaria.

Ya malgastada la herencia de los británicos y ante la necesidad de construir infraestructura para atraer el tipo de inversiones que generaron el notable giro del país, Ghana no tenía otra opción que recurrir al mercado financiero mundial. Para eso, debió ofrecer a sus potenciales socios una garantía legal de que todo el dinero que adelantaran sería devuelto, y tenía que contar con un sistema judicial creíble por si algo salía mal. Habiendo cumplido con esos requerimientos, no debería sorprender que el año pasado Ghana haya recibido cerca de 8000 millones de dólares en inversión extranjera directa.

Por el contrario, la Argentina -una potencia regional con el doble de población, un PBI doce veces mayor y ocho veces más reservas en moneda extranjera que Ghana- recibió el año pasado apenas 7200 millones de dólares en inversión extranjera directa. Ese contraste es comprensible cuando uno considera que la Argentina ha sido una especie de aprovechadora en lo referido a sus obligaciones, desde que en 2001 sufrió el mayor default de la historia, por alrededor de 100.000 millones de dólares en bonos.

Gran parte de la deuda caída estaba en manos de jubilados alemanes, italianos, españoles y de otros países, que no estaban en condiciones de ofrecer resistencia a los tacaños términos dictados por el gobierno argentino cuando canjeó los bonos en default por otros bonos de un valor nominal mucho menor, que en la mayoría de los casos pagaban centavos por cada dólar. Sin embargo, algunos grandes inversionistas rechazaron ese acuerdo arrancado por la fuerza y exigieron la devolución total del dinero que se les debía. Esos acreedores que resistieron han ganado más de cien juicios contra la Argentina en tribunales del todo el mundo.

Pero a pesar de esas victorias legales, los esfuerzos para cobrar de los acreedores de la Argentina se han enfrentado con los sistemáticos obstáculos de un gobierno decidido a evadir sus obligaciones. Y eso incluye al demandante del caso que se dirime en Ghana sobre la Fragata Libertad, un fondo de inversiones libres que maneja fondos de pensión, fondos universitarios y las inversiones de otras instituciones y de algunos particulares.

El juez federal de Estados Unidos que llevó varios de estos casos, Thomas Griesa, no sólo ha descubierto que los funcionarios argentinos “incumplieron con millones de dólares de deuda”, sino que “hacen todo lo posible para no pagar estos juicios legítimos”. Hace dos años, en un caso que involucraba a otro acreedor de deuda argentina, Griesa dio rienda suelta a su exasperación desde el estrado: “Todo este proceso se acabaría ya si la República simplemente honrara las obligaciones surgidas de este juicio, que no hacen más que desafiar de manera deliberada, intencional y sostenida”.

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