Abogados reprueban a la Junta de Conciliación; Vélez la defiende

México • La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA ) opera con “gran ineficacia y corrupción”, contrario a su principio de dar justicia laboral por estar sujeta a “intereses políticos, patronales y empresariales”, además de que durante 12 años fomentó el denominado sindicalismo blanco o de protección, coincidieron especialistas, abogados y legisladores.

Desde el año 2000, la JFCA ha sido encabezada por representantes del sector patronal que inclinan la balanza hacia las empresas, como es el caso de Eduardo Andrade Salaverría, su presidente, y ex miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguran abogados laboristas como Pablo Franco, titular de la Unión de Juristas de México y ex diputado federal de la Comisión de Trabajo, así como Arturo Alcalde, Alfonso de Bouzas y Carlos de Buen.

En pleno debate de la reforma laboral, el trabajo de la junta ha sido criticada y puesta en duda ya que, según los especialistas, en doce años el panismo se ha dedicado a atentar contra los derechos individuales, colectivos y sindicales. Acusaciones que la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, rechaza tajantemente bajo el argumento de que “nueve de cada 10 juicios, cuya representación lleva la Procuraduría, se resuelven a favor de los trabajadores”.

Además la funcionaria federal abunda que la JFCA ha cumplido a cabalidad con la misión de defender al trabajador, recuperando 12 mil 941 millones de pesos. “Esto representa 513.5 por ciento más que en todo el sexenio anterior”.

Sin embargo, Franco califica de “tramposo” dicho dato oficial, debido a que en la junta se maneja el “método de laudos mixtos”. Cada vez que un trabajador demanda al patrón por despido injustificado y exige que los indemnicen al ciento por ciento, se le pague salarios caídos, horas extras y diversas prestaciones estipuladas en el Contrato de Trabajo, el monto que recibe es 95 por ciento inferior.

“Con los laudos mixtos se le da al patrón la razón en cuanto a eximirlo de pagar indemnización y salarios caídos, y a la vez se le da la razón al trabajador para que le paguen su fondo de ahorro, algo de horas extras y parte de su salario.

“En resumen, un juicio por salarios caídos llega a valer 95 por ciento del valor del juicio, pero el trabajador solo percibe 5 por ciento de lo que reclamó inicialmente. Así es como la junta asegura que no afectó al trabajador, y no reporta de qué manera absuelve al patrón de pagar todo el costo real del juicio”.

Coyotaje y corrupción

Los expertos reconocen que los servidores públicos de la junta se encuentran saturados de trabajo y sin pago de horas extras, por ello los juicios laborales que, conforme a la actual ley deben de durar como máximo 12 meses, se alargan de 4 a 10 años, incluso se pueden prolongar más tiempo cuando hay “intereses políticos”.

Javier Corral, licenciado en derecho y senador panista, reconoce que la junta “ha ido acumulando los expedientes para las calendas griegas (es decir nunca), que no hacen más que alargar las demandas laborales con un alto costo para las partes y con una gran incertidumbre”.

Por eso, la reforma laboral resulta esencial para “hacer más ágil el procedimiento, profesionalizar y responsabilizar a las autoridades del trabajo”. Asimismo, se pretende “fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que omitan los procedimientos a favor de la demanda de los trabajadores y de los laudos”.

La JFCA requiere “modernizarse”, agrega Corral, y con la propuesta de reforma laboral “desaparece lo que era el servicio permanente de arbitraje, que es donde fundamentalmente se encuentra el núcleo de muchas prácticas corruptas en estas relaciones de trabajo”. Asimismo, “se acabaría con el sindicalismo a modo”.

Una de las soluciones para limpiar la junta, abunda, es exigir la cédula profesional y se transparentar las sesiones. “Se desea que haya participación social que evalúe la justicia laboral”. Además se requiere de mayor presupuesto e independencia de la Secretaría del Trabajo.

No obstante, los abogados rechazan que con estas medidas se termine con el “coyotaje” y la “corrupción” que existe fuera y dentro de la Junta.

“Un trabajador suele ser interceptado por abogados de bufete, haciéndole creer que tiene contactos adentro. También hay funcionarios de la junta que detectan juicios que ya están ganados, que valen mucho o algo de dinero y piratean, es decir, van a la casa del trabajador, se convierten en sus abogados y se quedan con más de 50 por ciento que logran sacarle a una empresa, cuando por lo regular los despachos obtienen 25 por ciento”, dice Franco.

Tampoco la JFCA acabará con el denominado sindicalismo blanco o de protección, fomentado desde el gobierno de Vicente Fox.

“Los dirigentes sindicales hacen como que negocian con los empresarios, piden lo mínimo que marca la ley en salario y prestaciones, esto sucede en 90 por ciento de los centros laborales. Nueve de cada 10 contratos colectivos que se depositan en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje son una verdadera simulación, porque se celebran a espalda de los trabajadores y con base a los intereses marcados por el patrón o empresario”, sostiene Alcalde.

Éste “mecanismo perverso de negociación” es convalidado por las autoridades laborales, porque para ellas se trata simplemente de un negocio. “Los trabajadores no conocen a sus líderes sindicales, ignoran el contenido de sus contratos colectivos y de sus estatutos”, como sucede con el sindicato Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la Republica Mexicana, fundado y dirigido, hasta hace años, por Ramón Gámez Martínez, prófugo de la justicia, tras haber sido hallado culpable de violación infantil.

La JFCA también ha servido a intereses políticos, asegura Carlos de Buen, quien recordó que después de que la junta le negara a Napoleón Gómez Urrutia la toma de nota como líder del sindicato minero, bajo argumentos de que incumplía con los estatutos sindicales, resolvió en favor del dirigente “poniendo en evidencia que el ahora ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, estaba al servicio de Grupo México”, empresa contra la cual se realizaron tres huelgas.

Una de ellas, la de la mina de Cananea, estallada el 30 de julio de 2007, y en la que la JFCA resolvió que dejó de tener efectos a partir del 4 de junio de 2010 en evidente atentado “al derecho de huelga”.

Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, opina que, por el contrario, con la reforma laboral se acabará con el abuso de empresas que han aprovechado los vacíos legales para evadir sus responsabilidades de carácter fiscal y que dejan en franco desamparo a los trabajadores.

MILENIO buscó al presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, sin obtener respuesta.

Claves

Superan rezago

– En la JFCA hay alrededor de 2 mil 600 trabajadores. La SHCP autorizó recursos para la creación de 346 plazas eventuales, 238 jurídicas y 108 operativas, con ello se supero el rezago de expedientes.

– Por lo regular se llevan a cabo cerca de 10 mil a 15 mil diligencias, entre audiencias levantadas, veredictos, amparos, huelgas, oficios y demás trámites a la semana.

– Con Felipe Calderón se ha registrado el menor número de huelgas: se han declarado 109 de más de 63 mil emplazamientos; de esas, únicamente quedan vigentes 19. Con Salinas estallaron 699, con Zedillo 256 y con Fox tuvieron lugar 211.

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