Uruguay, a un paso de sancionar definitivamente la ley que despenaliza el aborto

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó poco antes de la medianoche del martes un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, iniciativa que ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.

El texto fue aprobado tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, en una votación que se realizó ante decenas de personas que desde las barreras se manifestaron a favor y en contra del proyecto.

Tras su aprobación, el texto volverá al Senado, donde sólo con los votos del Frente Amplio (FA, izquierda gobernante) será ley. Fuentes parlamentarias indicaron que se espera su aprobación para antes de fin de año y no se descarta que la votación pueda ser tan pronto como en octubre.

Si el Senado, como se espera, aprueba el proyecto, Uruguay se convertirá en el primer país sudamericano en despenalizar el aborto, mientras que en América Latina es legal en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México.

Durante el prolongado debate, y bajo un intenso frío, una treintena de mujeres con flores y pintadas, en algunos casos, de anaranjado de la cabeza a los pies, realizaron una performance frente al Palacio Legislativo convocada por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU), para defender defender legalización y cuestionar el proyecto.

Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción. Luego, tendrá que esperar cinco días y, si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo, se coordinará el procedimiento.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.

“Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados”, dijo el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada, promotor de la iniciativa.

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