El Senado pone freno al gasto de estados

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre.- El pleno del Senado aprobó la primera iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón, que pone un alto al abuso de los recursos públicos por gobernadores y alcaldes, pues los obliga a esclarecer su relación económica con el sindicato magisterial y a revelar las relaciones de compadrazgo o amiguismo en la entrega de concesiones y a mostrar las deudas que pactan.

Con sólo tres votos en contra, el pleno avaló con 55 cambios esta reforma que envió a la Cámara de Diputados, para que a más tardar el 1 de noviembre sea una realidad en el país, con la acotación de que los municipios con el mayor retraso tecnológico y administrativo cuenten con dos años más para comenzar a revelar todos los datos sobre sus nóminas, los contratos que otorgan, las deudas que adquieren y los pagos pendientes que asumen.

En voz de Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, la izquierda presentó una moción suspensiva, con el argumento de que la iniciativa preferente nació en un proceso inconstitucional, dado que no existe la ley reglamentaria para procesarla, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.

Fue también Dolores Padierna quien reservó el artículo 69, para hacer precisiones sobre las disposiciones que impedirán a los gobernantes trasladar fondos de un programa a otro, pero tampoco logró el consenso de la mayoría.

De esta forma, el Senado aprobó en lo general esta reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con 104 votos, tres abstenciones y tres en contra, y en el artículo 69 con 87 votos, 18 en contra y una abstención.

Esta reforma busca evitar que los gobernadores y alcaldes se endeuden a espaldas de la población o hagan mal uso del dinero que reciben para programas sociales, de seguridad o educación, con sanciones que incluyen de dos a siete años de cárcel a quien cause un daño a la hacienda pública o al patrimonio de una institución al falsear información o negarse a difundirla, de manera dolosa.

Por ejemplo, para terminar con la opacidad imperante en la relación entre los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la reforma faculta a la Secretaría de Educación Pública a conciliar sus cifras de matrícula escolar, con la reportada por los gobiernos estatales, así como el número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas.

Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyente con homoclave, así como la función que desempeña.

De igual forma, la “relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y destino, así como el inicio y conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales”.

Al igual que lo hace la Federación, los estados deberán presentar su Analítico de Plazas y Remuneraciones, que incluye toda la información de los trabajadores que tienen.

Para evitar que los gobiernos estatales sorprendan a la población con sus deudas públicas, la iniciativa presidencial prevé incorporar el mandato a las entidades federativas de incluir en los informes trimestrales los datos relativos a las características de las obligaciones en materia de saneamiento financiero y aquéllas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Celebración

Después de la votación, los coordinadores parlamentarios, Emilio Gamboa, del PRI; Ernesto Cordero, del PAN y Luis Miguel Barbosa, del PRD, celebraron esta aprobación, que constituye la primera reforma surgida del nuevo Senado y coincidieron en que es un signo de los nuevos vientos de acuerdo que corren por los 128 escaños.

El petista Manuel Bartlett se pronunció en contra y adelantó que habrá una lluvia de amparos contra esta ley nacida de un procedimiento inconstitucional, a lo cual Barbosa le respondió que espera ver qué gobierno se exhibe como el que se niegue a transparentarse y rendir cuentas.

Exhortan a entidades a legislar sobre deuda

El pleno del Senado exhortó a los congresos estatales a legislar en materia de deuda pública, en la cual se considerará cualquier pasivo, sea financiero o no y sea contratado por cualquier entidad pública; mejorando las reglas para su contratación, estipulando específicamente en qué casos se puede emplear y con una definición de los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas en su manejo.

También le pide a los gobernadores de todos los estados a implementar, de manera urgente, las medidas de transparencia sobre la deuda pública de sus entidades; a manejar con mayor responsabilidad, a incrementar sus niveles de recaudación propia, para disminuir la dependencia que tiene la Federación, y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y de la economía de México.

De igual forma, conminó a los partidos con registro nacional y local, a impulsar con su grupo parlamentario la presentación o en su caso dictaminación de las reformas legislativas ya presentadas, que buscan regular adecuadamente la deuda pública en las entidades federativas.

El punto de acuerdo fue presentado por la panista Laura Rojas, quien argumentó que varios estados tienen severos problemas en materia de deuda, y de esta forma el Senado dio un paso más en este tema que ha sido el más recurrente en el primer mes de trabajo de esta Legislatura, pues incluso el martes el priista Miguel Ángel Chico pidió el respaldo del pleno para pedir que el gobierno de Guanajuato esclarezca la deuda pública que dejó a los ciudadanos de esa entidad.

Además, el perredista Raúl Morón hizo la propuesta para que la Federación asuma la deuda de los estados, para que haya un rescate de los estados y municipios.

El perredista Benjamín Robles pidió que la Secretaría de Hacienda entregue el informe sobre la deuda del gobierno federal que es, sin embargo, un reporte que la secretaría entrega en cuatro ocasiones a lo largo del año.

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