Corte revisa inconstitucionalidad respecto a protección a mercados públicos

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de septiembre.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará hoy con la discusión sobre si las tiendas de autoservicio, minisúpers y expendios de conveniencia pueden instalarse o no en las inmediaciones de mercados populares o tiendas de abarrotes en la Ciudad de México.

Esto debido a que la Procuraduría General de la República (PGR)promovió ante el máximo tribunal del país la Acción de Inconstitucionalidad 14/2011 en contra del Gobierno del Distrito Federal encabezado por Mar celo Ebrard y la Asamblea Legislativa (ALDF) debido a que en mayo del año pasado se emitió la norma 29 con el objetivo de que los grandes centros comerciales se ubiquen sólo en vías primarias y en predios con uso de suelo habitacional mixto y no cerca de pequeñas tiendas de abarrotes o mercados públicos.

Marisela Morales considera que con esta norma es violado el precepto constitucional de igualdad y la libertad de comercio de empresas e individuos dedicados a la venta de canasta básica y de manera complementaria ropa y calzado, entre otros.

De acuerdo con el decreto del gobierno capitalino, al emitir la norma 29 se buscó el mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público, sin embargo, para el Gobierno Federal, con dicha normativa se violan diversas disposiciones legales al establecer una ventaja exclusiva a favor de los mercados y tienditas, pero vulnerando entre otras disposiciones el libre comercio de las tiendas de autoservicio.

El objetivo del proyecto es determinar si existen faltas al procedimiento para la modificación de los planes de desarrollo, previsto en la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de las que derive la invalidez del decreto impugnado.

Durante la discusión de este lunes, el ministro ponente del proyecto Guillermo Ortiz explicó que el decreto del GDF no es una norma sino una adición a los planes delegacionales de la administración capitalina y subrayó que no se trata de una norma que prefiera a unos comercios sobre otros.

“No se cumplieron formalidades esenciales del procedimiento y que consisten en que no se dio aviso a la Seduvi que era la encargada de elaborar el proyecto técnico correspondiente y no se dio participación a ninguna de las delegaciones cuyos planes fueron modificados no se dio la participación ciudadana que establece la Ley.

“Estas violaciones, estimo de mi parte, y así lo planteo a ustedes, que son trascendentales y que por tales razones se debe declarar la invalidez de la norma”, explicó Ortiz Mayagoitia

Se prevé que hoy los 11 ministros que conforman el Pleno de la SCJN efectúen la votación sobre este asunto en el que, por una mayoría de ocho sufragios, se deberá definir si procede o no la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la PGR con el fin de invalidar la norma 29.

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